Explotación del Litio en Chile

“Interés particular vs Interés público”

Marzo 2016 Litio: Futuro presente El litio es un mineral alcalino contenido en sustancias compuestas en la corteza terrestre. Fue descubierto por George Urbain en 1907. Se utiliza para la elaboración de diversos productos tales como baterías desechables y recargables, grasas y lubricantes, acondicionamiento de aire acondicionado, aleaciones de fierro, cerámicas y vidrios, farmacéuticos y polímeros, producción de aluminio, procesos químicos, entre otros, tales como la elaboración de productos tecnológicos, y baterías para auto con el fin de sustituir el combustible y posee las siguientes características:

Número atómico: 3

Valencia: 1

Estado de oxidación : +1

Electronegatividad: 1,0

Radio covalente (Å): 1,34

Radio iónico (Å) : 0,60

Radio atómico (Å): 1,55

Configuración electrónica: 1s22s1

Primer potencial de ionización (eV): 5,41

Masa atómica (g/mol) : 6,941

Densidad (g/ml): 0,53

Punto de ebullición (ºC): 1330

Punto de fusión (ºC): 180,5

El litio encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica. En la naturaleza se encuentra como una mezcla de los isótopos Li6 y Li7. Es el metal sólido más liviano, es laxo, de bajo punto de fusión y reactivo. Muchas propiedades físicas y químicas son tan o más parecidas a las de los metales alcalinotérreos que a las de su grupo. Por su abundancia en nuestro planeta está por debajo del níquel, cobre y tungsteno y por encima del cerio y estaño.

Entre las propiedades físicas más importantes del litio están su alta capacidad calorífica, el gran intervalo de temperatura de la fase líquida, alta conductividad térmica, baja viscosidad y muy baja densidad. En el siguiente gráfico se detalla el porcentaje de tales utilizaciones a nivel mundial: Fuente: U.S. Geological Survey 20091 Como consecuencia de los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas, y la necesidad de encontrar elementos naturales sustitutos de combustibles dañinos al medio ambiente, es que se espera que la comercialización del litio aumente en demasía dentro de los próximos años.

1 disponible en:

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2009/mcs2009.pdf (marzo,2016).

Chile es uno de los países con las mayores acumulaciones de litio a nivel mundial, junto con Bolivia y Argentina, teniendo nuestro país reservas estimadas de 4.500.000 toneladas métricas2. Fuente: U.S. Geological Survey 20093 2 Lagos Latus, Gustavo; “El Litio un nuevo recurso para Chile”, Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería en Minas, 1986. 3 disponible en:

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2009/mcs2009.pdf (marzo,2016).

La República de Chile es el mayor productor de Litio en el mundo, seguido luego por Australia, China, Argentina. En nuestro país la explotación del litio es desarrollada por Soquimich (SQM), asociada con Cyprus Foote Corporation con base en Estados Unidos y por la Sociedad Chilena del Litio Ltda. Las cuales lo extraen de las aguas del Salar de Atacama, el cual es el principal yacimiento en nuestro País, ubicado en la región de Antofagasta, entre el Cordón Domeyko y la cordillera de los Andes.

Las pertenencias mineras pertenecen a CORFO, el cual mantiene celebrados contratos de arrendamiento con las sociedades anteriormente nombradas hasta el año 2030, y con prohibición de arrendar o explotar para sí mismo el resto de las pertenencias. Las empresas Soquimich y la Sociedad Chilena del Litio Ltda, pagan un impuesto específico, el royalty minero. El cual se cobra trimestralmente, y corresponde a un 6.8% de las exportaciones de litio. Además, Soquimich paga USD 15.000 anualmente correspondientes al arriendo de las pertenenc Soquimich es el mayor exportador de litio a nivel mundial, correspondiendo a un 30% su participación en el mercado de este mineral, seguido por Chemetall con un 28%, China con 22%, y FMC Corporation, Lithium Division con un 19%. Fuente: SQM4 Por lo tanto, se ha comprobado que Chile es uno de los países con mayor acumulación de Litio, y el principal exportador de este mineral a nivel mundial, estando su explotación principalmente a cargo de Soquimich. La cual paga royalty y arriendo a CORFO por tales pertenencias.

4 Disponible en:

Http://www.sqm.com/PDF/Investors/Presentations/es/SQM_Presentaci%C3%B3n%20Corporativa_agosto%202009_es p.pdf (Marzo,2016) Existe una discusión acerca de si corresponde que se otorguen tales pertenencias a empresas privadas para que realicen tal actividad en base a las siguientes normas: Artículo 19°n 24 inciso 7: “Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión.

En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.” De este modo la Ley Orgánica Constitucional N.º 18.097 en su artículo 3° inciso 4 establece: “No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional.” Este artículo es replicado en el artículo 7° del Código de Minería. Interpretando el sentido literal de estas normas, está expresamente prohibida la concesibilidad del litio.

Por otro lado, el artículo 19N° 24 inciso 10, establece: “La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional.

El presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.” De los artículos precedentes se entiende que existen dos tipos de concesiones, las concesiones judiciales, en las cuales puede participar cualquier particular tramitando la solicitud de constitución de concesión ante el Juzgado de Letras pertinente. Y por otro lado las concesiones administrativas, que otorga el Estado por medio del presidente de la República vía Decreto Supremo. Con el que se puede otorgar la exploración, explotación o beneficio de sustancias inconcesibles judicialmente, a empresas privadas. La oportunidad de concebir la facultad de concesionar sustancias inconsecibles por vía administrativa al Estado, se fundamenta en que son sustancias de gran interés para la seguridad nacional, por lo que se debiesen otorgar meticulosamente, excluyéndola de la libre participación de los particulares, como si ocurre en las concesiones judiciales. Es decir, es un modo de proteger tales recursos, y que sean explotados con un interés público orientado al bien común de la nación. Sin embargo, resulta dudoso que la explotación del litio sea concedida a Soquimich, una empresa privada, involucrada en presuntos aportes irregulares a campañas políticas, siendo esta la mayor exportadora de litio a nivel mundial, y pagando solo un 6,8% de royalty y el arriendo de la pertenencia.

Es decir, más que estar orientada la explotación del litio al interés público del Estado, beneficia en demasía a una empresa privada, la cual tiene ingresos de millones de dólares, de los cuales solo pagan una pequeña proporción como impuesto a la minería. Es por esto que se necesita regular de forma urgente estas disposiciones, con tal de garantizar que realmente los recursos que aporten al desarrollo de nuestro país y la seguridad nacional estén en manos de instituciones que velen realmente por el interés de la comunidad, y no de intereses privados. El artículo que sirve de fundamento para sostener que es posible otorgar concesiones por vía administrativa a empresas privadas de tal sustancia, también menciona que pueden ser explotadas por el Estado o sus empresas, es decir el Estado actuando como particular.

De este modo y velando por una optimización de nuestros recursos, y del mejoramiento de la economía de nuestro país, en vistas y considerando el gran valor que adquirirá el litio al expandir su mercado de aquí a las próximas décadas, es que vemos la necesidad de reorganizar la explotación, exploración o beneficio del litio en nuestro país, debiendo quedar en manos del Estado la realización de dichas actividades, y no de privados que solo pagarán una ínfima parte de sus ingresos para aportar a la comunidad. Esto se puede desprender de la parte final del artículo 19N° 24 inciso 10:

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.” En conclusión, luego del análisis jurídico realizado, planteamos dos posibles soluciones.

La primera podría ser la revocación de tales concesiones administrativas a Soquimich por parte del Estado, sin ser necesario expresar causa, aunque estén a la vista, en cualquier tiempo, pagando la correspondiente indemnización; y la segunda opción consistiría en que el Estado mediante sus empresas gestione dicho recurso. Asoma una tercera alternativa, la que podría ser un aumento al impuesto a la minería o royalty, pero de preferirse esta opción, el alza a dicho impuesto debiese ser considerable y no una mera demostración de que se están intentando hacer las cosas bien subiéndolo un porcentaje ínfimo. Vale decir, el impuesto a la minería debiese ser de una cifra cercana al 30% y no al 6.8% como lo es actualmente.

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=58618&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION#:~:text=En%20nuestro%20pa%C3%ADs%20la%20explotaci%C3%B3n,Sociedad%20Chilena%20del%20Litio%20Ltda.

Casi guerra 1978

A finales de los años 70, las dictaduras militares de Argentina y Chile estuvieron a punto de desatar un conflicto en el Cono Sur a cuentas de un problema fronterizo en su extremo más austral: el Canal de Beagle. El conflicto mostró la dificultad de negociar asuntos fronterizos entre dos dictaduras autoritarias, dispuestas a desencadenar un conflicto bélico a cuentas del orgullo nacional, a pesar de estar en el mismo bando de la Guerra Fría y cometer ambas extensas violaciones de DDHH contra la oposición de izquierdas.

Desde el siglo XIX ambos países arrastraban un complejo conflicto fronterizo a cuentas de un inmenso límite de más de 5000 kilómetros, en especial en el extremo Sur. Este era de más reciente conquista y una importancia geopolítica crucial, ya que controla marítimamente el cabo de Hornos, único paso interoceánico natural entre el Pacífico y el Atlántico junto al artificial canal de Panamá, además de ser clave para reclamar derechos en la Antártida y los recursos que puedan contener esas inmensas aguas.

En 1881 se firmó un tratado en el que Argentina renunciaba a las costas y aguas del Estrecho de Magallanes, mientras que Chile hacía lo propio con la Patagonia. Esto último para Chile era una dolorosa renuncia al Atlántico, solo posible al estar a su vez en conflicto con Bolivia y Perú. El escrito también adjudicaba a Chile “todas las islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de Tierra de Fuego”. La ambigüedad de esta frase, al no mencionar expresamente por donde pasaba exactamente el Canal de Beagle ni que islas e islotes quedaban a un lado y a otro, será el origen de las nuevas disputas. Estas tendrán su epicentro en torno a las islas Picton, Nueva y Lennox, pero también en otros islotes menores y el dominio de los enormes mares circundantes.

Situación geográfica de las zonas en litigio, las islas Picton, Lennox y Nueva, con su enorme proyección marítima en una zona estratégicamente clave como es el único paso natural entre el Atlántico y el Pacífico, aparte de la puerta a la Antártida.

Durante las décadas siguientes, el litigio siguió latente, con constantes intentos fallidos de resolverlo, mientras Chile colonizaba las islas en cuestión. Las reclamaciones diplomáticas y los incidentes menores se sucedían y, tras múltiples fracasos, a principios de los años 70, Chile llevó la disputa al arbitraje de la Corona Británica. Sorprendentemente, Argentina, en principio más partidaria de una solución bilateral que de una jurídica a priori desfavorable, aceptó ese arbitraje. Inglaterra formó un tribunal con cinco magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que falló unánimemente a favor de Chile en mayo de 1977. En esa fecha, a un lado de los Andes estaba al mando el general Augusto Pinochet y, al otro, una junta militar con el también general Jorge Rafael Videla al frente.

Pueden parecer regímenes similares, pero la toma de decisiones era muy diferente en cada uno de ellos, lo que afectará de lleno al conflicto que habría de venir. El poder en la dictadura chilena estaba muy concentrado en el dictador y su entorno. Sin embargo, en la parte argentina la situación era más caótica, ya que el poder lo compartían las tres ramas de las fuerzas armadas, con intereses y lealtades muy diversas que minaban la presidencia. Esto, con sectores del ejército, y especialmente la Armada, clamando por la “patria mutilada” y una posición intransigente, era potencialmente peligroso.

A principios de los 70, ambos países acordaron acudir al arbitraje de la Corona Británica, tal y como estipulaban los tratados. Esta formó un grupo de juristas que fallaron en favor de Chile.

Así pues, tras conocer el arbitraje, el gobierno chileno se apresuró a reconocerlo, instalando a su vez puestos militares en las islas. Sin embargo, la respuesta argentina fue tajante, anunciando el canciller César Guzzetti que “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique derechos de soberanía que hayan sido expresamente sometidos a la decisión del árbitro”. Videla se encontraba muy presionado por los sectores belicistas de su propio ejército, y optó por forzar una solución negociada con Chile mediante una extensa movilización militar a modo de presión y ultimátum. Los duros veían la oportunidad de doblegar a un Chile debilitado, con la justicia internacional de su parte, pero muy aislado internacionalmente, ya que había tenido la osadía de llevar la violación de DDHH a la mismísima capital de EEUU y torturar a una doctora británica.

Este aislamiento internacional, incluida la dificultad de rearmarse -que provocó que Chile acudiese a mercados asiáticos en negro y a sobreprecio-, hizo que la dictadura de Pinochet apostara por una estrategia defensiva. Esta consistía en intensivos entrenamientos de sus fuerzas armadas y la fortificación a conciencia de los territorios en liza, esperando una posible ofensiva argentina. La intención era enfrentarla o disuadirla, a la vez que se abría a negociar a pesar de tener la legalidad internacional de su lado. Si bien los números y el armamento estaban en contra del lado chileno, no debía subestimarse la fortificación de sus posiciones y su moral, unida al mito de invencibilidad en diversos conflictos con sus vecinos (Perú, Bolivia). Además, estamos en los años posteriores a las sorprendentes victorias israelíes frente a sus numerosos adversarios, un paralelismo que el ejército chileno estudió detenidamente.

La junta militar argentina era un pacto entre las ramas de sus fuerzas armadas, lo cual generaba conflictos a la hora de tomar decisiones y una oportunidad a los más duros para sabotear las negociaciones y apostar por una escalada en busca de una solución de máximos.

En la segunda mitad de 1977 y durante 1978, tuvieron lugar intentos de una negociación bilateral con diversos encuentros entre los dictadores (enero y febrero de 1978, en Mendoza y Puerto Montt). Pero el fracaso de las negociaciones y la posición argentina, calentaron a los sectores duros del gobierno chileno, partidarios de seguir la vía jurídica en la Corte Penal Internacional de la Haya, y a la prensa nacionalista de ambos países, siempre incendiaria. Si bien en Argentina el propio Videla tenía sus dudas, la presión interna y el temor a ser derrocado en caso de contradecir a los intransigentes le empujaron a apostar definitivamente por la escalada militar.

Entre mediados de 1977 y durante 1978, ambos dictadores se reunieron en dos ocasiones y trataron de establecer comisiones negociadoras. Sin embargo, el fracaso estrepitoso de estas gestiones reforzó a los intransigentes en ambos lados y acercó el conflicto.

La guerra estaba definitivamente sobre la mesa. Ambos países movilizaron sus tropas en la frontera, los argentinos preparando una ofensiva y los chilenos una defensa y posterior contraofensiva. Todo esto alarmó a ciertos actores internacionales. Por un lado, estaba EEUU que, en un contexto de Guerra Fría, veía con horror como dos dictaduras militares y anticomunistas en su área de influencia estaban a punto de chocar. Por otro lado, estaba la Iglesia Católica, preocupada de ver a dos países católicos enfrentados, y con una enorme influencia y autoridad moral sobre sus respectivas fuerzas armadas. Desde sectores militares, especialmente por el propio Videla, se ha dicho sin ninguna prueba que la URSS y Cuba trataron de empujar para que las negociaciones fracasaran y el conflicto estallase.

La tensión también atrajo a otros actores potencialmente interesados por el conflicto a nivel regional frente a un enemigo común, ya que Chile estaba pendiente de las aspiraciones de Perú y Bolivia, a la vez que Argentina tenía frentes abiertos con Brasil y Reino Unido (Malvinas). Al parecer hubo infructuosas consultas argentinas para garantizarse el apoyo peruano, país que precisamente unos años antes, en 1975, también había planeado atacar a Chile para retomar junto a Bolivia el territorio perdido un siglo antes en la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). Los planes fueron frustrados ya que, a diferencia de su predecesor, el general peruano Francisco Morales Bermúdez no tenía ningún ansia por invadir Chile con el numeroso armamento soviético comprado, desaprovechando la oportunidad histórica que Argentina le brindaba de hacer una pinza mortal a un país sin profundidad estratégica. Su proyecto no era la guerra contra Chile, sino cambiar la brújula económica y política del país, sin romper con la URSS.

El asesinato del ex-canciller chileno mediante una bomba Orlando Letelier en Washington (1976) enturbió definitivamente la imagen de Pinochet en el exterior. Una cosa era violar los DDHH en el interior como hacían Argentina y Chile, otra llevar estas violaciones a ciudadanos extranjeros o a las mismas puertas de la Casa Blanca.

En 1975 el general peruano Juan Velasco Alvarado planeó invadir Chile en una masiva ofensiva utilizando el numeroso y avanzado material soviético (T-55) que había adquirido. El golpe de Pinochet fue una razón para este plan, ya que el general era aliado de la URSS y Cuba, y tenía una buena relación con el asesinado Allende. Pero el motivo principal fue sin duda retomar Arica, el territorio perdido un siglo antes. El plan se frustró por la delicada salud del general y decisión de su sucesor, el general Francisco Morales Bermúdez, de evitarlo. Esto no impidió que el Norte de Chile se sembrara con 80000 minas y enormes fortificaciones, amenazando con llevar la Guerra Fría en Sudamérica a un nivel interestatal, más allá de la guerrilla y el foquismo.

Retomando el hilo de los acontecimientos en el Canal de Beagle, a finales de diciembre de 1978 la guerra se aproximaba peligrosamente. Entre los días 21-22 la sangre estuvo a punto de llegar al río, con la proyectada Operación Soberanía por parte de Argentina. Esta consistía en una invasión terrestre y naval argentina sobre las zonas en litigio y el Chile continental, fuertemente protegidas por la armada y el ejército chilenos. Más de 100000 soldados argentinos se desplegaron en la frontera chilena, mientras las inferiores fuerzas chilenas se preparaban para enfrentar la arremetida y ambas flotas se disponían a colisionar.

In extremis, la presidencia argentina logró arrebatar el control de las negociaciones al ala dura, haciéndolo recaer en diplomáticos civiles. De este modo, se posibilitaba la materialización de la mediación papal, al aceptarla también Chile. A pesar de tener la batalla legal ganada, el gobierno chileno temía un contexto internacional adverso y veía inminente la ofensiva argentina. El 26 de diciembre aterrizó en la zona el nuncio papal, el cardenal Antonio Samoré. Este comenzó una serie de contactos y negociaciones que hicieron que el 8 de enero de 1979 ambos países firmen el Acta de Montevideo, pidiendo formalmente la intervención del Vaticano y renunciando a resolver el problema por la fuerza. Era el mediador perfecto, ya que ninguno de los dos regímenes podía enfrentarse a la Iglesia, dado el enorme peso moral que tenía en sus respectivos sistemas.

La diplomacia vaticana empezó a trabajar, entregando a ambas partes una propuesta de solución en diciembre de 1980, según la cual Chile conservaba las islas con 12 millas de mar, mientras que un inmenso dominio marino de 118000 km cuadrados quedaría bajo jurisdicción argentina, aunque Chile gozaría del 50% de sus recursos. De nuevo se repitió el mismo resultado, con Chile aceptando la propuesta y el régimen militar argentino desgarrándose internamente al no poder rechazar directamente una propuesta del Vaticano, pero tampoco claudicar ante la presión interna nacionalista.

El Vaticano fue el mediador perfecto en el conflicto, ya que ambas dictaduras militares se jactaban de ser profundamente católicas, lo cual lo convertía en un referente moral a quien no podían contradecir.

Durante numerosos meses el escenario se congeló, pareciendo estar cercano al naufragio por diversos hechos. En primer lugar, ambos países detuvieron a ciudadanos del otro acusándolos de espionaje, llegando a cerrarse la frontera por el arresto de dos oficiales argentinos. Además, en mayo de 1981 el Juan Pablo II sufre un atentado, mermando su capacidad negociadora, a la vez que falleció el nuncio papal Antonio Samoré, enviado especial fundamental en la resolución de la crisis inicial. Mientras tanto, en Argentina los halcones tomaron el poder de la mano del general Galtieri, retirándose de los acuerdos internacionales que permitían acudir a Chile a la Haya y estallando la Guerra de las Malvinas (1982) con Reino Unido. Se trataba de una apuesta por el patriotismo para tratar de salvar al régimen, con el justificado temor chileno de que una victoria envalentonase a los militares porteños para retomar la Operación Soberanía. De hecho, Chile apoyó logísticamente a los británicos, aparte consolidarse desde entonces como puerto seguro de abastecimiento para unos isleños aislados geográficamente de su metrópoli, levantando más ampollas en el nacionalismo argentino.

La situación de bloqueo se resolvió al perder Argentina la Guerra de las Malvinas y ganar Raúl Alfonsín las elecciones (30 octubre 1983), volviendo la democracia. Se retomaron las negociaciones y, en octubre de 1984, se llegó por fin al acuerdo definitivo. Se solventaba el litigio reconociendo la soberanía chilena de las islas, 3 millas circundantes y solo 9800 km cuadrados de los 118000 en liza, aparte de garantizar unos regímenes de navegación aceptables y establecer un sistema de litigios, con el Papa como garante. Aparte de todo ello, el acuerdo iba mucho más allá, apostando por una mayor integración económica y política de ambos países, construyendo infraestructuras e intereses comunes.

Pero el asunto no terminó aquí, ya que, una vez logrado el acuerdo, había que venderlo a la siempre delicada opinión pública nacional. A ambos lados no faltaron exaltados militares y nacionalistas que consideraron el tratado una traición. En el caso chileno, donde aún resistió la dictadura de Pinochet hasta 1991, se le achacó no haber seguido la vía legalista hasta el final y ceder parte del mar con una sentencia favorable. En Argentina, ya en democracia, hubo una oposición similar desde los militares, pero fue acallada de forma sonora por el gobierno de Raúl Alfonsín mediante un referéndum el 25 de noviembre en el que ganó contundentemente con un 81% a favor y una participación del 70%.

El acuerdo final entre ambos países con la mediación vaticana. (Imagen: Rey Caro, 1986)

La propuesta inicial del Vaticano implicaba colocar las islas en manos chilenas y, buena parte de la zona marítima en disputa, en una zona de actividades comunes bajo jurisdicción argentina. Esta fórmula, de nuevo, fue rechazada por la parte argentina. (Fuente: Rey Caro, 1987: 157)

Finalmente, el 29 de noviembre de 1984 se firmó en Roma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, ratificado en mayo de 1985 por ambos gobiernos. Se cerraba así un conflicto de un siglo y empezaba una positiva relación de vecindad tras haber estado al borde un conflicto armado. El referéndum argentino no solo dio un sí a un tratado, reforzó la democracia argentina y derrotó a los fantasmas del pasado. No solo se solventó un caramelo envenenado legado por el anterior régimen, sino que el referéndum fue la mejor materialización de que la toma de decisiones ya no se realizaba en los cuarteles. Del conflicto solo quedan ya las ruinas de las posiciones defensivas chilenas, incluidos los campos de minas que se siguen desactivando hoy en día.

Lo que ocurrió estos años a cuenta del Canal de Beagle es un caso paradigmático de choque entre dos dictaduras militares de ultraderecha, rompiendo la visión binaria y monolítica de la Guerra Fría y dando protagonismo al arbitraje y la mediación, en este caso por parte de la Corona Británica y el Vaticano. La mediación eclesial fue efectiva en este caso, con el ejército dividido y la Iglesia unida en evitar un conflicto fratricida, pero no fue así en el caso de los DDHH, en el cual la situación inversa, con el ejército unido a su favor y la Iglesia dividida. El caso también deja al desnudo la complejidad de la toma de decisiones en una dictadura militar más allá de las apariencias y es un preludio del ataque a las Malvinas, donde las amenazas y preparativos argentinos terminarán ejecutándose con desastrosas consecuencias.

Muchas veces se analizan los conflictos que han llegado a estallar, y se olvidan aquellos que se evitaron, salvando a las poblaciones de la peor de las situaciones posibles frente a las siempre existentes voces que llaman a derramar sangre. El desastre estuvo cercano entre estos dos regímenes militares, aparentemente aliados en lo ideológico, pero enemigos en cuanto a intereses nacionales. La importancia de la nación y la religión, de las vísceras y los mitos frente a la razón queda plasmada en esta crisis que, si algo bueno nos ha dejado, ha sido la voz de León Gieco cantando a la paz, mostrando que no todo eran proclamas chovinistas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

*  Alles, Santiago M. “De la Crisis del Beagle al Acta de Montevideo de 1979: el establecimiento de la Mediación en un juego de dos niveles”, Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Nº 169, 2011, pgs. 79-117.

*  Briceño Monzón, Claudio Albert. “La frontera chilena – argentina: la controversia por el Canal de Beagle”, Tiempo y Espacio. Vol. 32, Nº 62, 2014.

*  Bustamante Olguín, Fabián Gaspar. “Un enfoque idealista de las relaciones internacionales en el conflicto del Beagle entre Chile y Argentina. La mediación de la Santa Sede, 1979 – 1984”, Revista Cultura y religión, Vol. 4, Nº 2, 2010

*  Rey Caro, Ernesto J. “La cuestión del Beagle. La solución a un conflicto centenario”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, II, Córdoba [Argentina], 1986.

*  Rodríguez Elizondo, José. Chile-Perú: temas para después de La Haya: Augusto Pinochet, la concertación y Sebastián Piñera ante la estrategia peruana, Planeta Chilena, Santiago de Chile, 2010.

Villar, Andrés. “El desconocido papel de Estados Unidos en la crisis del Canal de Beagle”, Revista del Instituto de Estudios internacionales de la Universidad de Chile, Nº 178, 2014, pgs. 35-64.

* Gieco, León. Solo le pido a Dios (1978) canción ante el inminente conflicto entre Chile y Argentina. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvyl_zdji2k

*Fuente: https://archivoshistoria.com/la-cuasiguerra-entre-chile-y-argentina-en-1978